La mayor parte de las normas ambientales no se aplican en la práctica real o, por lo menos, no se aplican con la intensidad necesaria para que se pueda constatar de manera efectiva que mejoran los índices de protección ambiental en general y de la Región de Murcia, en particular», según el investigador del grupo ‘Bio-Derecho Ambiental: Derecho, Ética y Ciencia (VIDA)’ de la Universidad de Murcia, Santiago Álvarez Carreño.
Pone como ejemplo la contaminación atmosférica, la protección de las especies de flora y fauna, la biodiversidad… Asegura que «todos los indicadores señalan regresiones y pasos atrás y las recientes medidas aprobadas por Decreto-Ley y luego tramitadas como Ley en la Asamblea regional con el argumento de la pandemia que estamos sufriendo suponen pasos atrás en la aplicación de un Derecho ambiental efectivo y que pueda cumplir con las funciones que tiene asignadas».
Con ese panorama sobre la mesa, está desarrollando el proyecto de investigación ‘La efectividad del Derecho Ambiental en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia’, financiado por la Fundación Séneca.
En su opinión, «el Derecho ambiental, como los juristas que nos dedicamos a él, corremos el riesgo de ser considerados unos diletantes más o menos utópicos y bienintencionados —en el mejor de los casos— pero alejados de la realidad socioeconómica y de las reglas reales que mueven nuestra sociedad».
Es precisamente eso lo que le lleva a investigar sobre el tema: «Para salir al paso de esas críticas, a veces cargadas de intereses que quieren ocultar y confundir a la opinión pública para poder seguir ejecutando libremente sus tropelías ambientales, resulta necesario ofrecer resultados tangibles sobre la mejora o, por el contrario, el empeoramiento de las condiciones ambientales como consecuencia de la aplicación o falta de efectividad de los mandatos que derivan del Derecho ambiental», señala.
Y añade: «Se trata de demostrar una cierta madurez de los estudios jurídico-ambientales porque nos va en ello, entre otras cosas, la salud y el mantenimiento de unas condiciones de vida que se correspondan con la dignidad que merecen todas las personas y el medio en que desarrollan sus actividades».
El proyecto se centra en la efectividad del derecho ambiental porque considera que «esta es, sin duda, una de sus debilidades más evidentes»«. Por eso, los juristas que conforman el grupo de investigación del proyecto analizan la normativa y jurisprudencia ambiental desde esa perspectiva de su aplicación práctica y para evaluar en qué medida esa aplicabilidad contribuye realmente a la mejora de los índices de protección ambiental. «El proyecto sigue así una evolución lógica desde otros anteriores que recibieron igualmente el apoyo de la Fundación Séneca y que han servido para realizar un análisis y diagnóstico de la realidad del Derecho ambiental, sobre todo centrado en la Región de Murcia», como explica Álvarez Carreño.
Más respeto a la naturaleza
El objetivo principal del trabajo es detectar las causas que determinan la baja efectividad del Derecho Ambiental para conseguir que efectivamente mejore el respeto y cuidado de la naturaleza, de las condiciones ambientales en las que se desarrolla la vida en estos tiempos tan complejos en que debemos enfrentar grandes retos, como el cambio climático.
Incide el investigador de la Universidad de Murcia en que «no podemos limitarnos a denunciar los incumplimientos, a veces escandalosos, de las normas de protección ambiental —y en esta Región sabemos mucho de eso, porque, en definitiva, la situación a la que se ha llegado en el Mar menor, por ejemplo, no es sino el producto de la dejación de las responsabilidades de la Administración regional y de la Confederación Hidrográfica que no han querido, sabido o podido intervenir en las actividades que se venían desarrollando en su entorno para evitar el resultado lamentable y catastrófico que tenemos ahora mismo. No podemos limitarnos al lamento o a la queja estéril ni tampoco limitarnos a un análisis meramente formal del ordenamiento jurídico sin atender a los factores ambientales, precisamente, que influyen en su falta de efectividad».
Sobre cómo puede el Derecho Ambiental ayudar a fomentar el crecimiento sostenible y verde con retos tan acuciantes como la implantación de la economía circular, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, o la mejor aplicación de la normativa ambiental, Santiago Álvarez declara que son cuestiones diferentes. «Las dos primeras de carácter social y, la tercera, más propiamente de técnica jurídica».
La economía circular –en definitiva, lograr que las actividades económicas generen menos residuos y que sean capaces de lograr un consumo de energía más eficiente y menos contaminante– intenta de nuevo demostrar que no es incompatible el desarrollo social y económico con la protección del medio ambiente.
Más bien lo contrario es cierto, en palabras de Álvarez: «Si no logramos ajustar el funcionamiento del sistema económico a las necesidades de protección ambiental, entonces la propia degradación de los recursos naturales y de la calidad de vida nos llevará al caos social».
Así, por ejemplo, asegura que «la represión del fenómeno de las migraciones, que ya no son sólo económicas sino también climáticas o ambientales por la imposibilidad que encuentran las personas de desarrollar una vida digna en sus países, no es una solución ni es éticamente aceptable. Es posible que, a corto plazo, alguien saque ‘tajada política’ al azuzar los miedos que provoca la inseguridad, pero, a largo plazo, todos y todas nos vamos al garete si no se enfrentan las causas socio-económicas y ambientales que están en la causa, en el origen, de esos fenómenos».
Equilibrio
El Derecho no es sino un modo de encontrar soluciones ‘razonables’ a conflictos de intereses; en el caso del Derecho ambiental se tratan de equilibrar mediante su regulación ordenada las necesidades de recursos que exigen las actividades económicas con la evitación o corrección de sus efectos negativos sobre el medio natural y urbano que se derivan de su utilización excesiva e irracional lo que, a su vez, empeora la calidad de vida.
Conseguir que mejore la aplicación del Derecho Ambiental, por otra parte, tiene que ver con múltiples factores: con introducir más contenidos ambientales en la formación de los juristas, con mejorar las condiciones en que desarrolla su función la Administración ambiental duramente afectada por los recortes y por la precarización de sus condiciones de trabajo… y vigilar desde las instituciones de investigación como las Universidades y desde las sociales como las asociaciones de protección del medio ambiente, vecinales, culturales, etc, que las normas que se aprueban se cumplan y sirvan a las finalidades esperadas.
Tal y como viene haciendo, el investigador de la Universidad de Murcia tiene previsto trasladar los resultados que obtenga al Gobierno regional a fin de que se puedan aplicar. «Aunque nos hagan relativo caso, claro, porque desde la política no se está dando un buen ejemplo de defensa de los valores ambientales y de la necesidad de proteger la naturaleza frente a unos intereses económicos que, muchas veces, solo miran por el beneficio a corto plazo y no procuran la sostenibilidad necesaria para equilibrar todos los intereses en juego. El corto plazo y la codicia excesiva son los mayores enemigos del medio ambiente».
«No dejaremos desde luego de seguir llamando a las puertas del cielo, como dice la canción, para que se escuche cada vez con más fuerza la necesidad de una protección efectiva de nuestro medio ambiente», concluye.