Una responsabilidad de urgencia: la transición energética valenciana

La transición energética se ha ido acelerando a medida que los efectos del cambio climático son más visibles. La pandemia de la COVID 19 ha manifestado el carácter global de nuestra sociedad y su extraordinaria vulnerabilidad. Aumenta la sensación de urgencia y la necesidad de actuar contundentemente para salvaguardar nuestro futuro. La emergencia climática, protagoniza el discurso político. No es casual que, la nueva presidencia de la Unión Europea hable de “New Green Deal” con relación a un “nuevo contrato” radical y disruptivo entre la humanidad y el planeta. Recientemente se anunció el objetivo de descarbonización del 55% para 2030 (reducción de emisiones de GHG respecto a 1990), y de un 30% a nivel actual. Este avance implica enormes cambios y requerirá de mejores instrumentos de gobernanza para alcanzarlos sin una tensión política insoportable.

Si aceptamos la relación del cambio climático con la emisión de gases de efecto invernadero (GHG), notaremos que esa relación es más estrecha entre emisiones y producción de energía. Un 75% de las emisiones de los 28 países de la UE, en 2018, correspondían al sector energético (según EUROSTAT, sobre 3.300 millones de toneladas de GHG de 4.400 millones de toneladas totales). Cómo producimos y consumimos energía es clave para luchar contra el cambio climático y debe articular la mayor parte de las políticas mitigadoras de emisiones de GHG.

Durante el siglo XIX las sociedades “modernas” optaron por utilizar masivamente el carbón, después el petróleo y posteriormente los gases naturales subterráneos. Estos recursos impulsaron cambios que favorecieron la electrificación y la automoción. En ambos casos se ofrecían fuentes de energía abundantes y económicas de uso generalizado. Nació la era de los combustibles fósiles. Una época que ignoraba tres grandes contradicciones. Primero, la falta de correlación geográfica de las principales fuentes de gas y petróleo y su demanda, segundo, la agotabilidad del recurso y la alteración atmosférica tras la liberación del stock de carbono almacenado a través de eones por los procesos de formación de los depósitos naturales.
Las dos primeras contradicciones han generado guerras y “shocks” económicos, sin alterar el sistema. La perforación se contrapone a la agotabilidad del recurso. Ya en el siglo XIX se advirtió que un aumento de CO2 liberado en la atmósfera ocasionaría su calentamiento.

 

Hoy sentimos los efectos del efecto invernadero en el clima, la salud y economía. Un elemento crucial en cualquier plan de acción es la gran inercia del sistema climático y su imprevisibilidad. Ni siquiera los modelos climáticos pueden predecir los efectos que alteren irreversiblemente los ecosistemas. Por ejemplo, la liberación masiva de metano del fondo marino (no prevista en los modelos previos), agrava las emisiones o los incendios. Sin embargo, las GHG siguen creciendo…

La transición energética

La ya iniciada transición hacia una producción de energía libre de emisiones fósiles es una consecuencia lógica e inevitable y se acelerará en las próximas décadas, o por agotamiento de recursos, o por colapso de la demanda. Desde los años 70, con la “Energiewende” en Alemania, la descarbonización de la producción de energía está en la agenda política con la propuesta nuclear, la promoción de la energía solar, las energías renovables, etc… Sin embargo, este impulso ha sido geográficamente desigual e insuficiente, ha sufrido importantes contratiempos – colapso del modelo nuclear a partir de Chernóbil y Fukushima – y, en general, se ha dejado “a los equilibrios del mercado”, que no contemplan las externalidades ambientales de la producción energética.”

En el caso de los combustibles fósiles este ha sido un error fatal. Los agentes financieros de los mercados petrolíferos regulan a la baja los precios siempre que los países de la OPEP ven amenazada su cuota de mercado. Así son competitivos contra alternativas energéticas que requieren explotación, mediante el ingenio y la técnica, de un recurso renovable. Paradójicamente el mercado energético controla más sus precios que otros bienes, regulando la oferta y demanda, y fijando impuestos. Los precios de la energía dependen de las voluntades políticas.

A través de la llamada “tasa de carbono”, constantemente reclamada por quienes abogamos la aceleración de la transición energética, los Estados podrían trasladar al mercado las externalidades de las fuentes fósiles y establecer un “terreno de juego justo” donde las energías limpias compitan en igualdad. Este es el dilema de la “transición energética justa” (relacionado con la “pobreza energética”). Si el Estado traslada a la fiscalidad las externalidades de las energías fósiles, parece que el aumento de costes energéticos repercutirá en los más desfavorecidos. Es un falso dilema pues existen numerosas opciones para una transición energética inclusiva.

Una opción es reformar el sector energético e invertir más en capital y en I+D para acelerar la maduración tecnológica de las fuentes energéticas limpias (viento, solar o geotermia). Otras soluciones son la simplificación de la “selva administrativa” y la planificación estratégica de recursos. Esto es imprescindible para que las energías limpias sean asequibles y no generen conflicto social. Esa es la visión de muchas plataformas de I+D en el sector energético, tanto nacionales como europeas, desde hace más de 10 años.


La ya iniciada transición hacia una producción de energía libre de emisiones fósiles es una consecuencia lógica e inevitable y se acelerará en las próximas décadas, o por agotamiento de recursos, o por colapso de la demanda


COVID y el “new green deal”

La transición energética se ha ido acelerando a medida que los efectos del cambio climático son más visibles. La pandemia de la COVID 19 ha manifestado el carácter global de nuestra sociedad y su extraordinaria vulnerabilidad. Aumenta la sensación de urgencia y la necesidad de actuar contundentemente para salvaguardar nuestro futuro. La emergencia climática, protagoniza el discurso político. No es casual que, la nueva presidencia de la Unión Europea hable de “New Green Deal” con relación a un “nuevo contrato” radical y disruptivo entre la humanidad y el planeta. Recientemente se anunció el objetivo de descarbonización del 55% para 2030 (reducción de emisiones de GHG respecto a 1990), y de un 30% a nivel actual. Este avance implica enormes cambios y requerirá de mejores instrumentos de gobernanza para alcanzarlos sin una tensión política insoportable.

Quienes tomen decisiones a nivel europeo, nacional, regional o municipal habrán de contar con mecanismos reforzados para su responsabilidad, los cuales deberán basarse mucho más en mejores prácticas, el balance coste beneficio y el poder mitigador de las opciones tecnológicas. Además, deberán contemplar, sectores energéticos como el térmico (responsable del 48% de la demanda), los cuales están relegados actualmente al desinterés, olvido o desidia del regulador. Es fundamental la capacitación y acceso a la información de estos profesionales claves en la transición energética. La Cátedra de Transición Energética de la Comunidad Valenciana, una iniciativa del grupo ICTvsCC quiere facilitar el acceso a informes e inventarios y acercarlos a los tomadores de decisiones. Impulsando estrategias de acción y foros de debate sobre opciones y herramientas de comunicación que permitan evaluar y contrastar ideas, consensuar y ayudar a la sociedad valenciana a avanzar por un camino de futuro sostenible.


Javier Urchueguía Schölzel
Cátedra de Transición Energética de la Comunidad Valenciana.  Grupo de Investigación de Tecnologías de la Información contra el Cambio Climático- ITACA de la Universitat Politècnica de València

 

 


 

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